Hoy más que nunca, en un momento en el que hemos dejado bien atrás el umbral de este convulso siglo XXI, urge preguntarnos acerca de la importancia de entender el pasado para afrontar con algo más de garantías el presente. El conocimiento de nuestros hechos pretéritos, y la comprensión de las estructuras sociales, políticas y económicas, también culturales, que forman la base del mundo occidental se antoja, pues, necesario para afrontar los retos que amenazan con sacudir nuestro modelo político, el de la democracia liberal, por la confluencia de diversos factores. En primer lugar, se debe de tener en cuenta que la democracia, a pesar de originarse en el mundo occidental, se ha convertido en un valor universal asumido por la mayoría de las civilizaciones. Además, cabe recordar que tras el hundimiento de los regímenes totalitarios comunistas a principios de la década de 1990, la democracia liberal terminó por imponerse al carecer de cualquier tipo de alternativa a nivel mundial. A pesar de todo, la democracia liberal no es un régimen exento de problemas, e incluso su supervivencia está poniéndose en entredicho en algunos contextos como consecuencia, fundamentalmente, de las dificultades surgidas tras el estallido de la gran crisis económica del 2007 que trajo consigo, a nivel político, el resurgimiento de los nacionalismos excluyentes y la eclosión de nuevos movimientos populistas.

Se debe de tener en cuenta que la democracia occidental se ha desarrollado dentro de un modelo denominado Estado de bienestar, vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente nuestros días, pero las dificultades financieras de los propios estados como consecuencia del proceso de globalización y del inicio de la gran recesión económica  terminaron suprimiendo, progresivamente, los elementos redistributivos propios del modelo de bienestar. Al reducir su capacidad redistributiva, los estados democráticos han perdido parte de su funcionalidad y esto se ha traducido en un cuestionamiento de sus principios por parte de la ciudadanía, lo que unido a la pérdida del control de las actividades financieras, ha llevado a un imparable aumento de las desigualdades, la ruptura del consenso social y el debilitamiento del sistema al producirse una disminución de la confianza popular, hasta tal punto que el propio concepto de democracia se ha terminado adulterando al ser utilizado de forma fraudulenta, poniendo en evidencia a ciertos sectores sociales que no han entendido, o no han querido entender, los principios fundamentales sobre los que se asienta la democracia moderna, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII en el que se impone la Ilustración. La Ilustración es un movimiento cultural  e intelectual europeo caracterizado por el predominio de la razón como criterio de verdad frente a la superstición, por la tolerancia religiosa, el interés por el progreso material para alcanzar la felicidad terrenal y de la educación como instrumento necesario para favorecer el bienestar de la nación.

John Locke (1632-1704) fue un filósofo inglés cuya obra ejerció una enorme influencia sobre el pensamiento político, social y religioso  de la Ilustración europea. Según Locke el poder debía de dividirse para evitar las injusticias de los regímenes tiránicos, pero el ejercicio del poder solo podría tolerarse mediante la aplicación de un pacto social entre unos hombres y mujeres que él interpretaba libres e iguales por naturaleza, a partir de la cesión del poder de ejecutar la ley natural a la comunidad, estableciéndose solo entonces una sociedad política o civil. Estos principios fueron poco a poco introduciéndose en las “clases educadas” del siglo XVIII, ya que el pensamiento ilustrado solo pudo llegar a una pequeña parte de la sociedad europea, entre los que se hallaban algunos aristócratas, sacerdotes y otros sectores del clero, funcionarios, escritores, militares, profesores y comerciantes; pero el grupo que protagonizó el cambio ideológico fue el de los filósofos, en donde encontramos a los ilustrados más destacados.

Uno de estos filósofos fue el barón de Montesquieu (1689-1755) cuya obra, El espíritu de las leyes, es fundamental para comprender el pensamiento político de la Ilustración del que surge la democracia moderna, y es especialmente importante para aquellos que hoy pretenden simplificar la democracia parlamentaria con el simple hecho de depositar una papeleta en una urna (algo que además de una simpleza es una falacia, ya que a lo largo de la historia no han sido pocos los regímenes dictatoriales que han permitido a los ciudadanos votar en unas elecciones sin ninguna garantía jurídica). De hecho, como se ha dicho, se puede dar el caso, y se ha dado de facto, de una votación legal dentro de un régimen dictatorial (referendos de 1.947 y 1.966 durante el franquismo) y de otra ilegal dentro de un régimen democrático (referendos de autodeterminación en Cataluña en 2.014 y 2.017), de manera que no debe ser esto lo que debería definir lo que entendemos por democracia.

Para Montesquieu, admirador de las instituciones británicas, la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) era conditio sine qua non para evitar el abuso de poder. En El espíritu de las leyes afirmó que: «todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares». Además de la división de poderes, Montesquieu insiste en la importancia del cumplimiento de las leyes del Estado, como herramientas políticas necesarias para generar mayor prosperidad individual y social tanto a nivel particular como universal. En este punto se vislumbra el conocimiento que el filósofo ilustrado tenía de la obra de Aruch Spinoza: «Si el Estado no se viera obligado a observar las leyes o reglas, sin las cuales un Estado no es ya Estado, no sería necesario considerarlo una realidad natural, sino como una quimera. El Estado comete, pues, falta, cuando tolera actos susceptibles de arrastrarlo a su propia ruina… para que un Estado permanezca libre debe continuar haciéndose respetar, si no, deja de ser un Estado» (Tratado Político).

Otro de los principios básicos que se antojan necesarios para garantizar la supervivencia de la democracia liberal es la lucha contra la intolerancia y el fanatismo ideológico, siendo este uno de los principales problemas que en nuestros días amenaza la convivencia social principalmente en los estados occidentales. Así se expresa Voltaire en su Tratado sobre la tolerancia de 1763 en el que sostiene que nadie debe morir por sus ideas, y considera el fanatismo como una enfermedad que debe combatirse y extirparse. En cuanto a Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) autor entre otras obras de los Discursos sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres y de El contrato social, considera a la sociedad en la que vivía como dominada por la sed de riqueza, por la corrupción y la injusticia. A pesar de todo no se aleja de la postura humanista de los primeros ilustrados ya que en El contrato social define al hombre como un ser bueno por naturaleza pero que ha sido corrompido por la sociedad, convirtiéndole es un ser insolidario. Para poder gobernarse y dar a sus acciones un carácter moral que antes le faltaba, el ser humano debería de establecer un contrato social por el que cedía su soberanía, su libertad natural y su derecho ilimitado a un poder superior, representado en un gobierno y unas instituciones  que tienen como obligación legislar y gobernar para el bien común. Es precisamente en este punto, el de la soberanía, (al igual que en la importancia del cumplimiento de las leyes y el respeto del sufragio universal) en donde debemos centrarnos para comprender la auténtica naturaleza de la democracia actual.

El concepto de soberanía ya había sido definido en el siglo XVI por Jean Bodin como el poder absoluto y perpetuo de un Estado, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando Rousseau establezca que la soberanía como tal solo reside en la colectividad o en el pueblo. Según el filósofo francés, mediante la soberanía popular los ciudadanos contribuían a crear la autoridad al formar parte de ella, por lo que todos ellos terminarían convirtiéndose en seres iguales y libres al estar sometidos a la autoridad del poder soberano. De esta manera, en un estado democrático todos deberían acatar las decisiones de la voluntad colectiva porque es precisamente aquí en donde reside la soberanía del Estado. El siguiente paso para entender el significado de la soberanía nacional en un estado moderno lo tenemos con el abate Sièyes, para quien la soberanía no radica únicamente en el pueblo, sino en la nación, porque se debe de tener en cuenta el legado histórico y cultural de la propia nación y los valores y principios bajo los cuales se ha fundado, pero lo más importante es que el concepto de nación incluye a todos los habitantes del Estado soberano, sin exclusiones ni discriminaciones, y donde la voluntad de una parte nunca puede prevalecer sobre la del propio cuerpo soberano. Siendo así, resulta lógico pensar que la decisión de los ciudadanos de uno de los territorios que forman el Estado soberano, nunca puede imponerse al conjunto ya que el poder efectivo de un conjunto social se ejerce por la universalidad de los ciudadanos, cuya condición es igual para cada uno de ellos, con independencia de cualquier otra consideración, salvo las limitaciones de edad o juicio.

En nuestro país los principios políticos de la democracia liberal (tan cuestionada en estos últimos años) se imponen de forma progresiva a partir el siglo XIX, y más concretamente desde el 1808 en el que España se convierte en una nación política en el sentido contemporáneo, al ser ahora la nación la depositaria de la soberanía. Así ha seguido siendo hasta nuestras fechas (con la excepción de las experiencias totalitarias) pero la conservación de una nación que pretende ser solidaria e igualitaria entre todos los que la conforman es incompatible con cualquier tipo de privilegios y desigualdades entre sus miembros, ya sean regionales, forales o jurídicos.

En conclusión, parece claro que no se trata solo de querer o poder votar, sino que se hacen imprescindibles otros elementos para considerar como democrático un régimen político, a saber: separación de poderes, imperio de la ley y soberanía nacional.